Las acciones empleadas por la pasada administración incumplieron el resolutivo de Profepa y entorpecieron la solución a la crisis, reconoció funcionario actual

El expresidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, gastó alrededor de 17 millones de pesos en proyectos inviables y mal ejecutados para atender la crisis ambiental del basurero de Santa María Coapan, heredando una problemática mayor a la actual administración, reconoció Ernesto Cruz Flores, director general de Desarrollo Sostenible del ayuntamiento de Tehuacán.

En entrevista, el funcionario municipal aseguró que, a pesar de que la administración anterior realizó algunas acciones en torno al saneamiento de este sitio, los trabajos no cumplieron con los resolutivos emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en junio de 2023.

De esta manera, Cruz Flores subrayó que el actual alcalde, Alejandro Barroso Chávez, heredó un basurero clausurado, pero sin la certeza de conocer qué tipo de sustancias se encuentran ocultas en su interior, pues tampoco se realizaron diagnósticos técnicos para evaluar el daño ecológico causado.

Aunado a esto, el funcionario reveló que la administración actual recibió sanciones de la Profepa por incumplir con el cronograma original que indicaba los pasos de remediación, saneamiento y monitoreo del sitio –en ese orden–. Esto, debido a las omisiones de la administración anterior.

Frente a la ausencia de un diagnóstico ambiental —que constituyó otro incumplimiento a las indicaciones de Profepa—, el nuevo gobierno se vio obligado a establecer un nuevo cronograma.

De acuerdo con Cruz Flores, en semanas pasadas se realizó un diagnóstico de los trabajos hechos por la anterior administración en torno al resolutivo de Profepa.

A pesar de que la documentación evidenció que el gobierno de Tepole Hernández pretendió resolver el escurrimiento de lixiviados, solamente se compactaron los residuos, lo que contravino el proyecto que había sido aprobado por Profepa.

“Este proyecto, en una primera etapa, se enfocó en los lixiviados y la compactación (…) pero nos percatamos de que las actividades no se hicieron conforme al proyecto presentado ante Profepa”, detalló Cruz Flores.

Esta omisión constituyó un problema adicional para el alcalde Barroso Chávez, pues su antecesor ya había ejercido recursos públicos para atender dichos trabajos mal ejecutados.

Actual gobierno buscó reorganizar cronograma
Frente a la serie de obstáculos que enfrenta la actual administración municipal de Tehuacán, se buscó reorganizar el cronograma de acciones; sin embargo, Profepa negó la solicitud.

“Nosotros solicitamos el apoyo para hacer modificaciones al cronograma de actividades, no porque quisiéramos alterar el tiempo, sino porque la anterior administración no cumplió con dicho cronograma y las actividades ya estaban fuera de tiempo. Esto algunas personas lo entendieron como que queríamos modificar el proyecto de Profepa”, compartió el funcionario.

En ese sentido, Cruz Flores explicó que, derivado de un juicio de amparo promovido por pobladores de Santa María Coapan, Profepa decidió cerrar el proceso administrativo anterior y generar un nuevo calendario para que el ayuntamiento defina, junto con la autoridad ambiental, las actividades necesarias para la remediación del sitio.

La primera medida acordada con el gobierno federal fue la realización de un estudio que determine los elementos químicos presentes en los lixiviados.

Con base en esos resultados, precisó Cruz Flores, se establecerá un cronograma técnico para la ejecución de acciones concretas. En ese sentido, el ayuntamiento prevé presentar dicho estudio ante Profepa el próximo 10 de junio.

Defiende control de lixiviados, pese a evidencia
Por otra parte, Cruz Flores defendió que, en la actualidad, existe un control de lixiviados, esto a pesar de la evidencia física encontrada en el sitio que demostró lo contrario.

Aunado a esto, el funcionario subrayó que, a pesar de que la basura en el tiradero se encuentra compactada, no existe fauna nociva en el lugar.

Cruz Flores recalcó que, pese al colapso ambiental denunciado por pobladores de Coapan, hasta el momento no se cuenta con un estudio oficial de daños ambientales.

La administración de Tepole Hernández nunca elaboró dicho diagnóstico y, según el funcionario, Profepa tampoco lo ha probado, por lo que no existe certeza sobre el tipo y alcance de la contaminación en el sitio.

Por otra parte, Cruz Flores recordó que el tiradero de Santa María Coapan comenzó a operar antes de que la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán fuera declarada Área Natural Protegida (ANP).

No hay información clara sobre contaminación
En ese sentido, Cruz Flores destacó que uno de los mayores problemas heredados a la actual administración es la falta de transparencia e información sobre el tipo de residuos depositados en el tiradero.

Cuestionado sobre la existencia de artículos peligrosos encontrados en una visita hecha al basurero el pasado 19 de mayo —como piedras pómez y objetos de uso hospitalario, muchos de ellos incluso con sangre visible—, el funcionario declaró que no hay certeza sobre su origen.

Desde su perspectiva, aunque algunos materiales “pueden prever residuos peligrosos”, no hay datos para confirmar o descartar con certeza.

Recordó que el gobierno anterior retiró parte de la basura y también realizó tareas de compactación, lo que impide ahora identificar qué tipo de desechos se encuentran enterrados en el tiradero.

“En el tiradero hay residuos que pueden parecer residuos peligrosos, pero no lo son. El problema es que no hay información, y la falta de información genera toda la problemática. Por eso queremos obtener la información (…) La administración pasada retiró residuos, pero también compactó la basura, y por eso no sabemos qué tipo de residuos hay”, destacó.

Enmendar errores será costoso
Aunado a lo anterior, el gobierno de Barroso Chávez enfrenta también serias limitaciones presupuestarias para atender la crisis ambiental heredada por administraciones pasadas.

De acuerdo con Cruz Flores, a partir del estudio ejecutado recientemente para determinar el nivel de toxicidad de los lixiviados, se estimó que la remoción de estos líquidos puede superar los 700 pesos por litro.

No obstante, el funcionario municipal aseguró que la actual administración se comprometió a cumplir el resolutivo que eventualmente determine la Profepa, con la finalidad de dar cumplimiento a la remediación y saneamiento del basurero.