La activista denunció con firmeza que la iniciativa en cuestión representa un grave riesgo para la laicidad del Estado, una simulación de participación ciudadana y, sobre todo, una manipulación de menores de edad con fines políticos. En su intervención, subrayó que los intereses religiosos no pueden —ni deben— dictar el rumbo de las decisiones legislativas, pues las leyes deben construirse desde el debate racional y el respeto a los derechos humanos, no desde dogmas inamovibles. “No se trata de prohibir creencias”, aclaró, “sino de garantizar que las políticas públicas se diseñen bajo principios de laicidad y equidad, como siempre hemos defendido”.
El verdadero problema, advirtió, surge cuando estructuras eclesiásticas organizan campañas masivas para presionar a los legisladores, convirtiendo lo que debería ser un ejercicio democrático en una injerencia sistemática. “No hablamos de opiniones individuales”, explicó, “sino de una estrategia coordinada que busca imponer agendas desde fuera del ámbito legislativo. Eso distorsiona el proceso y socava la autonomía del Estado”.
Uno de los puntos más preocupantes, según su análisis, es el uso de menores de edad en estas movilizaciones. La activista calificó esta práctica como una “instrumentalización” que vulnera el interés superior de la niñez, pues expone a niños y adolescentes a dinámicas de presión política sin que cuenten con la madurez suficiente para comprender las implicaciones. “Firmar cartas, participar en manifestaciones o ser parte de estas campañas no es un acto inocente cuando se trata de menores”, señaló. “Estamos hablando de una explotación de su buena fe, de su deseo de ayudar o de sentirse parte de algo, pero sin que nadie les explique realmente qué están apoyando”.
La crítica no se limitó a señalar los riesgos inmediatos, sino que también cuestionó el precedente que sentaría una decisión legislativa tomada bajo estas condiciones. “Si permitimos que grupos organizados, con recursos y capacidad de movilización, dicten las reglas del juego, estamos normalizando que la democracia funcione por presión y no por argumentos”, afirmó. En su opinión, el Congreso tiene la responsabilidad de blindarse contra estas influencias, no solo por coherencia con el marco legal, sino para proteger la integridad de las instituciones.
El llamado, en definitiva, fue a recuperar el sentido original de la laicidad: un principio que no busca eliminar la religión de la vida pública, sino asegurar que ninguna creencia —por mayoritaria que sea— imponga su visión sobre el conjunto de la sociedad. “La diversidad de pensamiento es bienvenida”, concluyó, “pero cuando se convierte en un mecanismo de control sobre las leyes, deja de ser libertad y se transforma en imposición”. La advertencia quedó clara: la defensa de los derechos humanos y la autonomía del Estado no pueden ceder ante presiones organizadas, menos aún cuando estas involucran a los más vulnerables.
