El narcotráfico en México no solo se limita a la producción y tráfico de drogas tradicionales como la cocaína o la heroína. Un informe reciente revela que el negocio del cannabis, conocido como el “oro verde”, está alcanzando proporciones alarmantes en el país. Durante una entrevista, un fiscal especializado en delitos contra la salud advirtió que las ganancias generadas por este cultivo podrían estar subestimadas, y que, al sumar otras actividades ilícitas vinculadas a su cadena productiva, la cifra real podría dispararse sin mayor dificultad.
El funcionario explicó que, aunque las estimaciones oficiales suelen manejar montos cercanos a los 5 mil millones de dólares anuales por concepto de marihuana, la realidad es mucho más compleja. “Diez mil millones de dólares es una cifra que podría alcanzarse fácilmente si consideramos no solo la venta directa, sino también los delitos conexos, como el lavado de dinero, la extorsión a productores locales y el tráfico de armas”, señaló. Este panorama refleja cómo el crimen organizado ha diversificado sus operaciones, aprovechando cada eslabón de la cadena para maximizar sus ganancias.
El cultivo de cannabis en México ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por factores como la demanda internacional, la flexibilización de leyes en otros países y la capacidad de los cárteles para adaptarse a los cambios del mercado. A diferencia de otras drogas, la marihuana requiere menos infraestructura para su producción, lo que la convierte en un negocio atractivo para grupos delictivos que buscan expandir sus operaciones con menor riesgo. Además, su cultivo suele estar ligado a zonas rurales, donde la presencia del Estado es limitada y la corrupción facilita la impunidad.
Pero el problema no termina ahí. El “oro verde” también ha generado una serie de conflictos sociales en las comunidades donde se produce. Campesinos, muchos de ellos en condiciones de pobreza extrema, son reclutados o coaccionados para trabajar en plantaciones ilegales, mientras que los cárteles imponen su ley mediante la violencia. En algunos casos, estos grupos han llegado a controlar regiones enteras, desplazando a familias y generando un clima de terror que dificulta cualquier intento de desarrollo local.
Las autoridades reconocen que combatir este fenómeno requiere más que operativos militares o decomisos. Se necesita una estrategia integral que incluya el fortalecimiento de las instituciones, la promoción de alternativas económicas para los productores y una mayor cooperación internacional para desmantelar las redes de financiamiento del narcotráfico. Sin embargo, hasta ahora, los avances han sido limitados, y el negocio del cannabis sigue floreciendo bajo el amparo de la impunidad.
Mientras tanto, el mercado ilegal de marihuana sigue expandiéndose, alimentado por una demanda global que no da señales de disminuir. El “oro verde” se ha convertido en un pilar fundamental para las finanzas de los cárteles, que ven en este cultivo una fuente de ingresos estable y de bajo riesgo en comparación con otras drogas. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más podrá el Estado contener un problema que, lejos de reducirse, parece estar ganando terreno con cada día que pasa.
